Uno de los principales problemas con que debe lidiar el gobierno turco, específicamente el primer ministro Recep Tayyip Erdogan, reside en la comunidad kurda. Esta minoría, que constituye el 20% de los 71 millones de habitantes de Turquía, considera que sus derechos no son respetados. Esto se refleja en el reciente ataque de guerrilleros del Partido Kurdo de los Trabajadores a territorio turco. El PKK es un grupo considerado terrorista por Turquía, se levantó en armas en 1984 para reivindicar la independencia de los kurdos que viven en ese país y, desde entonces, unas 45.000 personas han muerto en la guerra no declarada entre ambas fuerzas.
Erdogan no está dispuesto a buscar la paz con los kurdos sin antes dar un escarmiento a los violentos. La actitud violenta del PKK y la inflexibilidad de Erdogan obstaculizan el diálogo entre ambos bandos, así como la posible adopción de una nueva constitución que podría reconocer algunos de los derechos que los kurdos reivindican, como el uso de su lengua en las escuelas u organismos oficiales. Asimismo el conflicto con los kurdos ensombrece un poco el milagro económico de Turquía y su conversión en un relevante actor político regional.
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